Una colaboración de Ruth Spencer (Antigua y Barbuda), Ana Di Pangracio (Argentina) y Amelia Arreguín (México)
Con la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú el 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra, nosotras las Mujeres por la Biodiversidad, el Caucus de Mujeres del Convenio de Bdioviersidad, de la región de América Latina y el Caribe (ALC), Antigua y Barbuda, Argentina, Santa Lucía, México, Bolivia estamos mostrando un liderazgo audaz ya que vemos que esta plataforma tiene el potencial para un cambio transformador, para el empoderamiento de las mujeres con respecto a los problemas ambientales, para el uso de enfoques integrados para el desarrollo resiliente incluyendo la conservación de la biodiversidad, conocimiento del agua y el clima y desarrollo de capacidades, y estrategias de reducción del riesgo de desastres, así como para abrir vías de colaboración para reforzar la gobernanza y la justicia ambientales.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental regional y es el único resultado de Río +20. Fortalece tres derechos que son sustanciales para la consolidación de sociedades justas, equitativas y sostenibles. También es el primer acuerdo del mundo que incluye disposiciones sobre personas defensoras de derechos humanos en materia ambiental. Este es un tema de gran relevancia en ALC ya que es la región más peligrosa del planeta, según Global Witness, para quienes abogan por la protección del medio ambiente. Hay una fuerte criminalización de la protesta, el riesgo de vida, las mafias que se apropian de territorios y afectan la biodiversidad, de la mano de un extractivismo que se profundiza cada día. La vulnerabilidad y el riesgo de las y los guardaparques, las personas que protegen territorios, los pueblos indígenas y las comunidades locales que luchan contra las mega represas, contra el tráfico ilegal de especies y recursos genéticos entre otras luchas deben ser reconocidas y abordadas de manera efectiva.
En este sentido, los Estados Parte de Escazú deben garantizar un entorno seguro y propicio para las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en materia ambiental, para que puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad; tomar medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos sus derechos, incluyendo su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, reunión pacífica y asociación y libre circulación, así como su capacidad para ejercer sus derechos de acceso; y adoptar medidas adecuadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar las agresiones, amenazas o intimidaciones que puedan sufrir las y los defensores en el ejercicio de los derechos reconocidos en el Acuerdo de Escazú.
Este acuerdo legalmente vinculante, firmado por 24 países y ratificado al día de hoy por 12, ofrece una plataforma incomparable para fortalecer la acción ambiental participativa e inclusiva a nivel nacional y regional. Al aplicar los enfoques de toda la sociedad y de todo el gobierno, el Acuerdo ha estado forjando asociaciones tanto a nivel local como regional a través del desarrollo de capacidades y la cooperación para abordar la integración de las metas y agendas de las Convenciones de Río de manera más efectiva.
El Acuerdo de Escazú tiene como objetivo no dejar a nadie atrás en la creación de un planeta saludable y sostenible para las generaciones presentes y futuras a través del acceso a la información, la participación inclusiva y el acceso a la justicia, todo en el ámbito ambiental. Se centra en la igualdad y la no discriminación, apoyando especialmente a personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Estos postulados son especialmente relevantes para nuestra Visión 2050 de vivir en armonía con la naturaleza.
El Acuerdo de Escazú es un pilar fundamental para la construcción y ejercicio de la ciudadanía ambiental en ALC porque busca garantizar los derechos de acceso y la protección de las personas que defienden el medio ambiente; pero, además, uno de sus fines es asegurar el goce de todos aquellos derechos humanos que dependen directamente de un medio ambiente sano. Estas disposiciones incluyen el derecho a la vida, al agua y al saneamiento, a la salud, a la alimentación y otros derechos como la educación, la cultura, la vivienda y la libertad de expresión y asociación.
Sin embargo, sin una visión integral, reconociendo los diferentes desafíos que enfrentan las mujeres, las juventudes y los pueblos indígenas para conocer y ejercer sus derechos ambientales será difícil que el Acuerdo de Escazú se aplique. Por tanto, el tratado debe asegurar que sea implementado con una perspectiva de género, con un enfoque intercultural y juvenil, para poder tomar decisiones que contribuyan a la progresividad de los derechos de acceso de las mujeres para asegurar su pleno ejercicio y su protección como defensoras (las mujeres son a menudo en la primera línea de las demandas ambientales).
Hay muchas oportunidades que surgen del Acuerdo de Escazú para ayudarnos a garantizar enfoques basados en derechos para la conservación, recuperación y uso sostenible de la biodiversidad, sistemas de gobernanza ambiental y un mundo justo que valora y conserva la naturaleza. Los principios del Acuerdo sientan las bases para enfoques integrados y coherentes que pueden maximizar los esfuerzos para abordar la crisis de la biodiversidad a través del desarrollo de capacidades y la cooperación, y la inclusión de poblaciones vulnerables, defensores de la naturaleza y la sociedad civil en la formulación de políticas y toma de decisiones relevantes.
Adoptemos el Acuerdo de Escazú como una contribución regional concreta para lograr los objetivos de protección de la naturaleza en todos los niveles. Celebremos este momento histórico de la entrada en vigor del Acuerdo y que más países se unan pronto a través de la ratificación. ¡Trabajemos en conjunto para su implementación efectiva e inclusiva!
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